«Aproveche que es en bolívares, a este no tiene que pagarle en dólares”

0
188
El desespero por pasar y la “negación” de las autoridades alimenta las mafias.
Publicidad

“¿Necesita cruzar? Si quiere le busco a alguien, cobra 10 mil. Están por allá (señalando hacia el fondo de la avenida Venezuela)… ¿Pero es pagándole a un militar?… ¡No! Es con ellos, pero no se les paga directamente. Para el cobro hay otras personas. Se cuadra con ellos, la dejan pasar y otra persona lleva la plata. El cruce es seguro si no tiene salvoconducto. Aproveche que es en bolívares, a este no tiene que pagarle en dólares”.

Nadie preguntó si se podía pasar sobornando. La propuesta llegó sola, al parecer, es algo que ocurre al ver a un ciudadano contrariado por no contar con los requisitos legales exigidos por las autoridades para cruzar el puente internacional Simón Bolívar. El ofertante está allí, en medio de la Zona de Seguridad que abarca casi toda la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira. No está identificado, nadie lo conoce, parece un ciudadano que espera pasar.

No trabaja solo. Detrás de él se asume que opera una red, que podría estar conformada por ciudadanos comunes, y quién sabe si uniformados. El negocio no se dio, el dinero en efectivo –para no dejar rastros- no estaba. Al llegar la oferta, la intención fue indagar para corroborar si por la vía ilegal se puede pasar. De haber estado el dinero, se habría intentado ver hasta dónde se llegaba.

Más temprano, el equipo del Semanario de Los Andes acudió al “Hospital Samuel Darío Maldonado” de San Antonio, haciéndose pasar por pacientes que necesitan el salvoconducto para atenderse en Cúcuta. Con recelo, funcionarios –ubicados en una oficina en la parte externa del centro asistencial- informaron sobre el trámite. “Si es de San Antonio por aquí se le tramita; pero si es de San Cristóbal o de otro municipio, tiene que ir al Hospital de Capacho”.

Los requisitos están en tres hojas pegadas en la pared. Da la impresión que muchos van a preguntar y que los funcionarios están cansados de decir lo mismo. “Requisitos para tramitar el permiso: informe médico actual fecha 2016 por especialista; carta de residencia o CNE fecha 2016; citas médicas en físico. Todo sellado y firmado por especialista”, se lee de una de las hojas… la siguiente destaca: “Ojo, solo se atienden personas del municipio Bolívar. Los únicos casos que se atienden que vengan fuera del municipio son: pacientes de diálisis y quimioterapias”.

Agregan además que la compra de medicamentos se realiza sin acompañante, y que en caso de que se requiera, tienen que llevar: carta de residencia y un informe que especifique que se amerita la compañía. Una periodista abordó al funcionario e intentó ahondar en cómo obtener los requisitos. Este respondió algo nervioso, de manera corta e imprecisa; mientras que un militar fue más directo: “Si es de San Cristóbal ¿por qué no se va ya para Capacho?”.

Otra persona llegó a solicitar el salvoconducto, requería comprar unos medicamentos para una intervención quirúrgica que le realizarán en dos meses. No se lo dieron, no tenía un informe del cardiólogo que lo operará en Colombia. Solo contaba con el récipe y demás documentación médica. “Hasta ahora no había tenido problemas para cruzar. Ahorita no podré hacerlo porque me falta ese informe. ¿Cómo voy a tener un informe de una operación, si no me la han hecho? Debo pasar a Colombia para que el médico me lo dé”, expresó.

Al no contar con un informe médico, el equipo reporteril recurrió a una autoridad civil nacional, con quien logró pasar. Bajo la legalidad se observó un tránsito normal y buen trato de las autoridades; sin embargo, las quejas no se hicieron esperar. Ciudadanos aseguran que el proceso se hace engorroso en Venezuela, y destacaron la “amabilidad” de Migración Colombia.

De lado colombiano no se logró conversar con ninguna autoridad que explicara el proceso. El funcionario de Migración solo pide la cédula, el pasaporte o alguna identificación para dejar pasar. No detalla los salvoconductos solicitados en Venezuela, ni pone mayores peros para el ingreso.

“El señor de servicios médicos hace las cosas de acuerdo a lo que él cree y siente”

san-antonio2Sylen Boadas regresa del punto de revisión de salvoconductos (ubicado cerca del puente internacional Simón Bolívar) con una maleta en cada mano. Se dirige hacia el militar que permite el paso en la Aduana de San Antonio del Táchira y le pregunta: “¿Cómo hago para que me devuelvan mi informe y salvoconducto? El militar de adentró se lo quedó, porque dice que no tengo la hoja de la cita del médico. Me dijo que vuelva mañana con eso; pero ¿cómo sé yo que él va a estar aquí y que no va a perder lo que ya tenía listo?”.

El efectivo, sin dar mayor explicación y con tono cortante, no acorde con quienes deben servir al pueblo, le dijo: “Venga mañana… ¿Pero cómo sé que él va a estar?… pues venga mañana y sabrá si él está… Pero venga, acérquese para explicarle… No señora, hable duro y dígame desde donde está”.

“Sylen” salió llorando, arrastrando sus dos maletas y una carpeta con parte de sus documentos médicos. Entre sollozos, le dijo a las periodistas que hay mucha desinformación y falta de concordancia entre lo que solicitan en el hospital y las autoridades militares. Viene del estado Bolívar, a unas 30 horas de San Antonio del Táchira. Gasta en hotel, porque no tiene familiares en la entidad andina. Padece de psoriasis, una enfermedad de la piel para la que ya no consigue tratamiento en Venezuela, llevándola a buscar quién la atienda y medique en Colombia.

La enfermedad trae consigo episodios de depresión, que salieron a flote tras el encuentro con los militares. “El señor de servicios médicos hace las cosas de acuerdo a lo que él cree y siente, no acorde a lo que el paciente necesita”, dijo.

Familia Laguado “agredida” por militares

El abuso de autoridad llegó a la familia Laguado, cuando un grupo de funcionarios militares de la Guardia Nacional, ingresó en mayo de 2015 a su casa a la fuerza, mientras presuntamente buscaban a paramilitares. Con armas largas irrumpieron en el hogar y golpearon por un brazo con la cacha de un arma, a la hermana de Doris Laguado, de 35 años de edad, para forzarla a abrir la vivienda, en presencia de su mamá de 85 años, quien se desmayó al ver lo ocurrido, y un niño de nueve años, que tuvo que ser llevado al psicólogo por el temor generado.

Relata que eran unos 15 funcionarios. Algunos de ellos habrían mostrado hostilidad y desdén. Los hematomas dejaron registro en el cuerpo de su hermana, por lo que formalizaron la denuncia. “Se denunció. Acompañé a mi hermana a PTJ –Cicpc-. Hace unos 15 días llamaron a mi esposo, al niño y a una de mis hermanas a declarar. A mi mamá no la dejamos porque tiene Alzhéimer”.

Aseguró que la gente tiene miedo porque son sometidos a abusos constantes, sobre todo en Peracal. “Hay muchas denuncias hacia la Guardia y el Ejército. No se cuenta con las autoridades. Llamarlos es peor… Carecen de modales, parecen animales y no saben tratar a la gente. Más que respeto, hay temor”, resaltó.

Aunque no deben permanecer más de 48 horas, pasan hasta 8 meses

san-antonio En un espacio físico de 6 por 6 metros en donde cabrían unas 30 personas de pie, han estado unos 50 detenidos. Se trata del punto de detención, ubicado en el antiguo peaje Campaña Admirable a unos cuantos metros de Peracal, a donde llegarían por contrabando y otros delitos. Aunque no deben permanecer allí más de 48 horas por ser un sitio de detención preventiva, algunos superan los ocho meses de estadía, en condiciones que violan los derechos humanos.

A lo lejos se ven, tras las rejas. La fachada es similar a la de los kioscos construidos con ladrillo. La puerta la protege un candado. Dentro parece una habitación improvisada. Hamacas, sillas de plástico, colchones, tobos y sábanas colgando del techo, son parte de los enseres que se observan.

Se logra visualizar al menos 8 detenidos, en medio del calor inclemente, los presos están sin camisa y dejando caer sus brazos fuera de la celda. Algunos se sientan sobre el orillo de la ventana, quizás esto les permite mayor ventilación. Dos mujeres, que parecen vendedoras de comida, están sentadas en sillas de plástico conversando con ellos, separados por la reja que asemeja una prisión.

Aunque no se tuvo acceso al área de mujeres, se pudo conocer por medio de quienes se encontraban a las afueras, que el espacio donde están es de 3 por 3 metros. “Hay 30 mujeres. Han estado hasta damas embarazadas y con niños en brazos. Se los tienen que pasar para amamantarlos”, explicó la fuente.

En el lugar no habría baño. Los reclusos tampoco dispondrían de comida, más que la que le logren llevar sus familiares o que tal vez les compran a los vendedores ambulantes. Aun cuando las condiciones del espacio parecen infrahumanas para tanta gente, supuestamente algunos internos (por casos de droga) prefieren quedarse allí, a ser trasladados a una cárcel común; por lo que cancelarían una tarifa por su estadía en este centro.

“Hay gente que no debería estar ahí y están pagando para no ser trasladados a Santa Ana. Gente por droga. Todos no son por contrabando. Son procesados. Hay por todos los delitos. Eso es inhumano lo que están viviendo”, expresó un vocero que prefirió no ser identificado por temor a represalias.

Efectivos del Ejército son los encargados de custodiar. Un familiar de un detenido, explicó que a esta celda llegan personas por contrabando (que puede ser hasta por llevar mercado de San Cristóbal a San Antonio), irrespeto a la autoridad (entendido como levantar el tono al hablar, y también por hacer fotografías mientras ejercen sus labores de revisión) y por tenencia de “droga”.

Fuente: diariodelosandes.com

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí