Desde el interior del Centro de Procesados Militares, conocido como Cepromil, situado en el CPO, planificaron y ejecutaron el secuestro del estudiante de la Ucat, Edgardo José Angarita Camperos, de 18 años, quien fue liberado por presión policial, casi un mes después del plagio, el 6 de junio de este año, en el municipio Junín.
Fuentes ligadas a las investigaciones que se efectúan, posteriores a la liberación del universitario, han determinado que un reo que está recluido en esas instalaciones, conocido con el alias del Comandante Jhonatan, presunto paramilitar, cabecilla del grupo irregular Águilas Negras, fue quien coordinó con ayuda externa, todo lo necesario para el secuestro de Angarita Camperos.
Indica también la fuente que el Comandante Jhonatan, que valga acotar, se encuentra recluido en ese centro desde 2011, pese a ser civil y haber sido juzgado por un tribunal civil y luego condenado a más de 24 años de prisión por al menos tres homicidios, entre ellos el de una persona con síndrome de Down, presuntamente dirige desde allí, no solo secuestros, sino extorsiones y sicariatos, sobre todo en los municipios Torbes, Bolívar, Ureña y Junín.
Entre las evidencias de interés criminalístico, con las que cuentan los investigadores en torno a este caso, figura el cruce de llamadas o telefonía que dan cuenta de que el 13 de mayo, cuando secuestraron al estudiante, todas provenían o accedían (entrantes y salientes) del centro de reclusión militar, y eso habría sido comprobado de manera tecnológica.
“Días antes del secuestro e incluso el mismo día del plagio, uno de los cuatro teléfonos que tenía Jhonatan, salió hacia Rubio y dirigió todo. El es disidente de las AUC. Fue por ocho años comandante de las Águilas Negras e hizo mucho daño, sobre todo en Rubio. En Cepromil, al menos durante la gestión del director recientemente destituido, gozaba de todos los beneficios. Incluso estamos casi seguros de que salía y entraba a sus anchas, sin autorización y además tenía permiso para hacer parrilladas los fines de semana, para las cuales algunos militares eran invitados.
“De comprobarse que el exdirector tenía conocimiento de los hechos delictivos que cometía el Comandante Jhonatan, también sería cómplice de todo ello. Al menos sabemos que están vinculados directamente, tenían comunicación persona a persona y también, vía telefónica”, agregó una fuente militar.
Sobre el exdirector del Cepromil, coronel (Ej.) Luis Codallo Carrasco, cabe recordar que actualmente está detenido en los calabozos de Politáchira, y procesado por varias irregularidades; entre ellas, la evasión de un narcotraficante colombiano, los primeros días de junio. A mediados de julio, fue sorprendido por una comisión de la Dgcim en una clínica estética del centro comercial El Pinar donde, acompañado por un recluso que sacó de la cárcel sin autorización de un tribunal, se realizaban drenajes linfáticos.
También la Fiscalía 23 que conoció de este caso, lo investiga por los presuntos cobros que, por todos los servicios adicionales o privilegios que dentro o fuera de las celdas, requerían los reos del Cepromil; hechos por los cuales, el fiscal Jean Carlos Castillo le imputó los delitos de corrupción, evasión de detenido y asociación para delinquir.
Sobornaría a jueces y fiscales
Retomando el tema del secuestro del universitario, añadió la fuente que Jhonatan exigía a los familiares de Angarita Camperos, la cantidad de 7 millones de bolívares “los cuales destinaría a tratar de sobornar a jueces y fiscales que conocen su causa, para poder acceder a un beneficio, una medida de libertad condicional como de alguna manera ya lo obtuvo su cómplice, también enjuiciado y condenado por los mismos homicidios que él.
Explicó que el interno se encuentra en Cepromil en calidad de depósito, anteriormente estaba en CPO I, pero que en vista de que en una oportunidad que lo iban a llevar a juicio por los homicidios, intentó cortarse las venas como una medida de presión, se decidió confinarlo al recinto militar.
Explicó que ahora, con ayuda externa de cómplices, en los cuatro municipios donde presuntamente opera desde la cárcel, cobra vacuna a todas las líneas de taxis y comercios.
“Tenemos conocimiento de que en reiteradas oportunidades, voceros militares han solicitado a los entes competentes que este interno sea trasladado a una cárcel común, fuera del Táchira, pero han hecho caso omiso. Lo más inteligente que se puede hacer para tratar de disminuir el índice delictivo en lo que se refiere a extorsión, secuestros y muertes por encargo, en Táchira, principalmente en esos cuatro municipios, es que sea trasladado a la mayor brevedad a otro internado”, opinó la fuente militar.
Miriam Bustos
Ya había señalado como autor en la “Masacre de Campo C
Esta no sería la primera vez que el alias Comandante Jhonatan saliera a relucir en un hecho delictivo. Con anterioridad fue mencionado como partícipe en la llamada Masacre de Campo C, en la que ocho personas fueron asesinadas en un pool denominado El Pedregal, en el municipio Independencia, el 30 de mayo de 2008.
Hoy, tres policías y cinco civiles se encuentran pagando una condena de 30 años de cárcel, por su presunta autoría en la masacre, pese a que han denunciado que fueron utilizados como chivos expiatorios. Hasta el cansancio, sus familiares han pregonado su inocencia, y han exigido que la verdad salga a relucir de una vez por todas, pero han sido solamente voces al viento.
Y no es solo que nunca existieron las evidencias que involucrara a esos ocho hombres en el óctuple crimen, sino que además, fueron señalados y acusados por un testigo, al que en ese momento el poder judicial lo consideró “estrella”, cuyos testimonios o versión del hecho (que cambió en varias oportunidades) no tenían la suficiente fuerza y credibilidad como para que un tribunal las aceptara como ciertas, entre muchos otros elementos llenos de contradicciones e irregularidades.
Al verse cada vez más acorralado, el entorno de los exfuncionarios de Politáchira: Víctor Carrero Moreno, David Zapata Quiroz y Jesús Nieto Ortega; del exfuncionario de Corposalud, Jimmy Nieto Ortega, hermano del anterior; Eduardo Cañizales, Jhoan Castellanos, Ángel Delgado y Yumar Sánchez, investigaron por sus propios medios y coincidieron con el nombre del Comandante Jhonatan, para esa fecha, uno de los cabecillas de las Águilas Negras, en Junín.
Los nombres, apodos, números telefónicos, el cruce de llamadas de ese 30 de mayo de 2008, lugar de ubicación e incluso fotografías de 11 de los presuntos paramilitares que cometieron la masacre, fueron consignados en el juicio, pero no les dieron valor, desestimaron esa importante prueba, y también varios testimonios que los sindicaban del crimen.
Habrían determinado además que el rastreo balístico (conchas y proyectiles) efectuado por Cicpc en la masacre, demuestra que en ese hecho utilizaron las mismas armas que Jhonatan disparó contra las tres víctimas de homicidio, por lo que hoy está preso; e incluso en una oportunidad, de manera informal, él habría admitido su participación en la matanza de Campo C.
Fuente: lanacion.com.ve
