La caída de la dictadura de Pérez Jiménez marcó el comienzo de uno de los períodos más interesantes de la historia contemporánea de Venezuela. Después del 23 de enero de 1958 asumió el poder la JUNTA DE GOBIERNO que dirigió el proceso político del país hacia el establecimiento de un régimen constitucional. Durante este período provisional ascendió al primer plano la actividad política de los partidos; se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, que ha sido el signo dominante de nuestra vida política en los últimos años. Durante esta etapa se han sucedido los siguientes gobiernos:
La Junta de Gobierno, 1958; el gobierno de Rómulo Betancourt, 1959-1964; el gobierno del Doctor Raúl Leoni, 1964-1969; el gobierno del doctor Rafael Caldera, 1969-1974; la presidencia de Carlos Andrés Pérez, 1974-1979; el gobierno del doctor Luis Herrera Campins, 1979-1984; el gobierno del doctor Jaime Lusinchi, 1984-1989; el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, (quien fue suspendido constitucionalmente por el Congreso y no terminó su período) 1989-1993; la presidencia del doctor Ramón J. Velásquez, 1993-1994; el segundo mandato del doctor Rafael Caldera, 1994-1999, el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, 1999-2013, actualmente Nicolás Maduro.
La Junta de Gobierno estuvo constituida por los jefes militares que habían encabezado el movimiento de las Fuerzas Armadas contra el dictador. La presidió el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Comandante en Jefe de la Marina; y de ella formaban parte los Coroneles Roberto Casanova, Abel Romero Villate, Carlos Luis Araque y Pedro José Quevedo. El Doctor Edgard Sanabria ejerció la Secretaría de la Junta y luego asumió la Presidencia cuando Larrazábal renunció para incorporarse a la campaña electoral como candidato presidencial.
El predominio de los militares y la desconfianza que inspiraban algunos de ellos a los sectores populares, dio origen a una serie de manifestaciones y protestas a raíz de las cuales salieron de la Junta los Coroneles Romero y Casanova, sustituidos poco después por los civiles Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, representantes de los sectores económicos.
La Junta de Gobierno designó un Gabinete Ejecutivo en el cual predominaron también los representantes de la oligarquía económica. De está forma los sectores poderosos de la economía supieron aprovechar la movilización popular y la falta de garra de los partidos democráticos, para ocupar posiciones decisivas en el nuevo gobierno.
Labor de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno cumplió en su corto período de gestión una importante labor de limpieza dentro de la Administración Pública y las Fuerzas Armadas y reajustó los ingresos del Estado por concepto de la renta petrolera, elevándolos a un 60% sobre los beneficios de las compañías.
Puso en práctica un plan de, emergencia que «no fue otra cosa que un primer subsidio al desempleo, establecido por el Gobierno para atenuar las manifestaciones de violencia social originada por la acumulación en Caracas y sus alrededores de una población de miles de venezolanos desempleados». El desempleo se acentuó a partir de la caída de Pérez Jiménez, debido a la casi paralización que se produjo en la industria de la construcción; y la falla del plan estuvo en no haber empleado a los trabajadores en obras de importancia, sino en tareas de reparación de calles y aceras, como forma de justificar el salario de los trabajadores adscritos al plan.
En el orden político la Junta de Gobierno legalizó los partidos disueltos por la dictadura y promovió el regreso de los exilados. Decretó la ocupación de los bienes de Pérez Jiménez y la investigación de la conducta de los altos funcionarios del régimen depuesto en lo que respecta al peculado y otros delitos contra la cosa pública.
Desde el comienzo la Junta proclamó su propósito de llamar a elecciones y a tal efecto nombró una Comisión Redactora del Estatuto Electoral por el cual se rigieron las elecciones nacionales del mismo año.
La perspectiva electora dio origen a un intenso trabajo de organización y movilización de los partidos políticos, a cuyas filas se incorporaban miles de ciudadanos, participando activamente en el proceso de transformaciones que se operaba en el país. Sin embargo, este auge político y el ascenso del movimiento popular, preocupaba a los sectores reaccionarios que en el campo civil y militar comenzaron a conspirar contra el movimiento. La conspiración dentro del ejército, encabezada por el Ministro de la Defensa, General J. M. Castro León, se proponía suprimir los partidos Acción Democrática y Partido Comunista; nombrar una nueva Junta de Gobierno; aplazar las elecciones y establecer la censura de prensa. Pero la Junta de Gobierno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de todo el pueblo movilizado por los partidos democráticos, desbarató la conspiración. El Ministro Castro León tuvo que renunciar y abandonar el país junto con varios oficiales que lo habían acompañado en la intentona. Meses más tarde, algunos de los expulsados entraron clandestinamente al país y llevaron a cabo un nuevo intento de subversión en los cuarteles de Caracas pero fracasaron y los principales cabecillas fueron detenidos.
