“Hipotecadas” estarían iniciando el año 2017 las alcaldías del estado Táchira, ante los pasivos que han generado las deudas que no han podido cancelar, porque no les han llegado recursos de parte del Gobierno nacional para cumplir con el pago de los aumentos salariales y las incidencias que estos tienen en bonos vacacionales, navideños, prestaciones y cesta ticket.
Así lo afirmó el concejal del municipio Junín, Danny Carrillo, quien advirtió que el panorama para los municipios es oscuro para el próximo año, sobre todo porque el Gobierno estaría buscando asfixiarlos económica y financieramente para que los alcaldes no muestren gestión, no haya desarrollo de infraestructura y humano, aprovechando así la coyuntura política y sacar provecho electoral.
Destacó que el gobernador José Gregorio Vielma Mora, de manera excluyente obvió los gastos que tienen las 17 alcaldías que pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, al solicitar un crédito por 82 millones 200 mil bolívares al Consejo Legislativo Estadal –CLE- para distribuirlo solo a las 12 alcaldías gobernadas por alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela –Psuv-.
[quote]Carrillo comentó que el gobernador José Vielma Mora estaría entregando los recursos de manera excluyente, para asfixiar en un año electoral a las alcaldías con alcaldes que pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática –MUD[/quote]
“El Gobernador demuestra que está gobernando solo para una parte del estado Táchira, no está atendiendo las necesidades de los trabajadores de la administración pública municipal independientemente de la afinidad política, porque está igual haciéndole daño a los funcionarios de las alcaldías que son afectos al Gobierno nacional y al propio Gobernador. El crédito ha sido aprobado por la Comisión Delegada del Consejo Legislativo, que está integrada por cinco diputados, de los cuales solo se abstuvo el diputado Gustavo Delgado”, acotó.
Comentó que con esto se caería la afirmación del mandatario regional de que gracias a sus gestiones se lograron recursos para poder cancelar todos los pasivos, sobre todo el bono de aguinaldos, a los trabajadores de las 29 alcaldías de los municipios de la geografía regional, pues los recursos llegaron por la Oficina Nacional de Presupuesto y por el Ministerio de Finanzas, siendo en este caso solo un tercio de lo que requerían cada uno de los municipios.
“Entendemos que el Gobernador del estado está actuando de manera desesperada, porque el 2017 será un año electoral y en el mes de julio corresponden las elecciones regionales. Él conoce muy bien la baja popularidad que tiene, los bajos índices de aceptación que tiene, y por eso quiere manipular con estas informaciones a los trabajadores de la administración pública y al pueblo del Táchira en forma general. Ha sido bastante incapaz su gestión ante los órganos nacionales, porque apenas llegó un 33% de lo que se requiere para pagar los pasivos laborales y el bono de aguinaldos”.
En el caso del municipio Junín, de donde es concejal, de 74 millones de bolívares que hay en pasivos por bono de aguinaldos, vacaciones, prestaciones sociales, entre otros, tan solo pudieron cancelar 30 millones de bolívares, porque mantienen gastos corrientes de cancelación a proveedores de la alcaldía, materiales y suministros, activos reales, y demás gastos que no han podido cubrir, producto de la inestabilidad financiera que hay en el país.
Espera que en los pocos días que quedan del año 2016, el Gobierno nacional envié los recursos que faltan, ya que del ejecutivo regional no creen que reciban ningún tipo de donativo, ya que los envió solo a las alcaldías oficialistas.
Auditoría
Con relación al anuncio del gobernador Vielma Mora de que solicitará una auditoría a la Contraloría de la República para las alcaldías tachirenses, el concejal Danny Carrillo, manifestó que no tienen problema en entregar todo lo que tienen porque estaría en orden, pero acotó que rechazan que el mandatario asegure la existencia de malos manejos presupuestarios.
“No estamos cerrados a la posibilidad de que se haga la auditoría, porque ahí las cuentas están totalmente claras, expuestas a la opinión pública, pero hay que aclarar que los pasivos se generan también por los incrementos de salarios que ha venido haciendo en el último trimestre del año el Presidente de la República. El 31 de octubre emitió un decreto presidencial publicado en gaceta nacional, en el que se indica que se cancelan 105 días del bono de aguinaldos y que dos tercios se tenían que cancelar al 15 de noviembre y el otro 33%, al primero de diciembre, y a penas envía los recursos la semana inmediatamente anterior; es decir, los días 21 y 22 de diciembre, de manera insuficiente”.
“Gestión débil”
Al ser consultado sobre la gestión de la Alcaldía del municipio Junín respecto al presupuesto con el que cuentan, el edil socialcristiano manifestó que desde el punto de vista estructural ha sido baja, por cuanto los recursos que ingresan de parte del Fondo de Compensación Interterritorial –FCI- que son los destinados a obras, no llegaron en su totalidad, y los que ingresaron fue con retraso.
“La inflación hizo mella en la compra de los materiales para poder realizar las obras de infraestructura y conllevó a que la meta física no llegara en algunos casos ni siquiera al 60%, por lo tanto las empresas que se contrataron, en el caso de las obras que tenían licitación, no se llegaron a ejecutar de forma completa producto de esta asfixia financiera que están teniendo las alcaldías, sobre todo las que están en manos de la MUD”.
Explicó que con el cemento y el asfalto tienen problemas, ya que no son vendidos a precios justos, y está en contra de las leyes de la República que los alcaldes adquieran esos productos a sobreprecio, por lo que reiteró que los ingresos del FCI son insuficientes; además de que tendrían limitaciones de despacho por parte de Pavisur y Caimta, porque manejarían de manera excluyente la distribución del asfalto.
Los recursos
La distribución de los recursos enviados por el Gobernador del Táchira y aprobados por el parlamento regional a alcaldías oficialistas fue la siguiente: Antonio Rómulo Costa, Bs. 3.500.000; Ayacucho Bs. 10.431.000; Fernández Feo Bs. 13.050.000; García de Hevia Bs. 13.400.000; José María Vargas Bs. 2.748.500; Capacho Viejo Bs. 8.300.000; Lobatera Bs. 4.500.000; Rafael Urdaneta Bs. 3.850.000; Sucre Bs. 3.950.000; Uribante Bs. 6.450.000; San Judas Tadeo Bs. 4.200.000 y Libertador Bs. 7.800.000.
Fuente: diariodelosandes.com
