Los primeros cinco días de cada mes tenemos que pagar los tres mil bolívares de vacuna que nos exigen los paracos, si no cancelamos en ese tiempo, nos dicen que después pagamos, pero que por ese incumplimiento nos van a sancionar y que la cifra se duplica, o de lo contrario nos matan a dos o tres de nuestros afiliados, ese terror suele suceder mes a mes en nuestro pueblo, lo más grave es que quienes cobran la extorsión son los mismos que le aplican la vacuna a comerciantes, transportistas, taxistas, vendedores de helados y propietarios de casas, en los barrios de Rubio”.
Este relato corresponde a Estéfano, un humilde mototaxista de Rubio, quien padece, al igual que la gran mayoría de habitantes del municipio Junín, el cobro de vacunas, extorsiones y amenazas de muerte, de parte de agrupaciones criminales, cuyos integrantes pertenecen presuntamente a grupos irregulares que operan en la franja fronteriza.
Los niveles de inseguridad en la otrora pacífica Ciudad Pontálida ya raya en lo estrambótico, pues las agrupaciones identificadas como paramilitares y el hampa organizada, han diseñado todo un andamiaje de terror que obliga a las víctimas a cancelar periódicamente determinadas sumas de dinero, cuya acumulación cataliza el fenómeno de la extorsión a través del terror y el miedo.
Pagos periódicos
Cualquier persona que realice algún tipo de actividad económica, sea rentable o no, presuntamente es pechada con cifras que van desde los irrisorios cien bolívares mensuales y hasta cuatro o cinco mil bolívares, ello si el comercio es próspero, tal y como lo revela Estéfano (nombre ficticio utilizado por seguridad), quien relata con temor y bajo el anonimato el clima de terror e inseguridad que viven quienes trabajan en el área del transporte en Rubio, donde toda aquella persona que desempeñe esta labor debe pagar la llamada vacuna y en ocasiones no sólo a una sola organización, sino a tres o más, todo para poder desempeñar sus actividades y no sufrir la pérdida de su instrumento de trabajo, o en su defecto hasta la vida.
–Ellos llegaron ya hace tiempo, se presentaron primero unos tales “Rastrojos”, nos dijeron a los directivos de la línea que teníamos que pagar cincuenta bolívares por cada moto mensualmente, pero al poco tiempo esa cifra fue duplicada y la subieron a 100, ese pago tiene que ser religioso, o de lo contrario se nos pueden “perder varias unidades” o hasta pueden aparecer muertos los empleados. Ese pago ya no se hace solamente a esa organización, sino también a otra que se hace llamar Los Urabeños, ellos llegaron con el mismo discurso que los otros, e igual tenemos que pagarles, pues también nos amenazaron de muerte, muchos de quienes laboramos en esta profesión estamos pensando seriamente cerrar la línea y hacer otra cosa, pues es insoportable ese terror y zozobra, ya que en cualquier momento te pueden matar por unos centavos– dijo la fuente, quien, como es lógico en estos casos, demandó guardar la identidad.
La incertidumbre que vive Estéfano es similar a la de otros trabajadores en el área de transporte de Rubio, que deben pagar supuestamente el tributo de protección a las agrupaciones delincuenciales. 40 líneas de taxis, siete de rutas urbanas, seis extraurbanas, y otras 35 de mototaxis, pagan religiosamente una especie de impuesto a las bandas hamponiles, lo cual, sólo en ese sector, les representa a las organizaciones al margen de la ley más de ciento cincuenta mil bolívares mes a mes.
El pago de la extorsiones y de acuerdo a lo expresado por transportistas consultados, no garantiza ningún tipo de seguridad a las víctimas, pues recurrentemente éstas son atracadas o robadas en las rutas urbanas y en el mismo perímetro de la ciudad, lo cual echa por tierra las promesas de protección y seguridad que ofrecen las agrupaciones de paramilitares.
Franklin Eduardo, un taxista entrevistado, aseguró que en el sector de los taxistas, cada carro es pechado con cifras que van desde los 150 bolívares, pero últimamente esa cantidad ha ascendido a los 300 y 400, motivado a la inflación y “carestía”.
–Muchas líneas de Rubio, que prestan el servicio, tienen entre 30 a 40 socios y todos ellos deben pagar, si no lo hacen les amenazan, de acá de la ciudad se han robado como cinco taxis, eso lo hicieron esas bandas en retaliación, pues se negaron a pagarles, de esa manera presionan– dijo el entrevistado.
A diario en las barriadas periféricas de Rubio son atracados cuatro o cinco taxistas, mientras que en el transporte urbano esos eventos son recurrentes, sobre todo en los sectores de La Vega, Bolivia, La Palmita y La Quiracha, esta última catalogada como “zona roja”, donde opera otra banda que llaman Los Caraqueños, quienes, además de extorsionar a los transportistas, se ocupan de atracos a clientes en entidades bancarias y de la venta de drogas.
Todo aquello que ruede paga en Rubio -agregó la persona- hasta los gasolineros (contrabandistas de gasolina) le cancelan 30 bolos a los presuntos paracos por viaje, si no lo hacen, los matan o les impiden laborar.
Para garantizarle que no haya una competencia desleal al sector de los taxistas legalmente constituidos y que cancelan la vacuna, quienes integran las bandas de delincuentes han amenazado de muerte a los taxistas piratas y les impiden laborar en el municipio Junín.
Todo comercio paga vacuna en Rubio
La extorsión no sólo está orientada al sector transportista, sino también al comercio, cuyos dueños supuestamente cancelan cifras que oscilan entre los 500 bolívares y en ocasiones hasta cuatro o cinco mil, si el negocio está vinculado a ventas mayoristas.
Juan Carlos, propietario de un próspero negocio en Rubio, afirmó que la presión que ejercen las organizaciones criminales contra el comercio es constante, pues a través de este renglón perciben cifras incalculables.
–Yo pago 500 bolívares mensuales, siempre viene a mi negocio una muchacha, si no va hasta mi casa con un motorizado y se identifica, y dice que viene por el derecho a protección, esa joven no pasa de 23 años, es muy bonita y de bello cuerpo, usa “brekes” y es hasta educada. A ella la conocen como la cobradora de una banda presuntamente paramilitar. Cuando el dueño del negocio se niega a pagar, sencillamente lo amenazan y le dicen que tiene que bajar a Juan Frío, en Cúcuta o en La Parada, que allá los jefes tienen que hablar con él para arreglar las cuentas, bajo esos parámetros ellos ejercen su ley-.
Recientemente la propietaria de un hotel en pleno casco céntrico de Rubio, fue “penalizada” por una agrupación delincuencial, pues inocentemente ésta rentó unas habitaciones a dos miembros de otra banda rival, lo cual le convalidó la sanción por parte del grupo antagonista, le obligaron a cancelar miles de bolívares y no matarle.
Las modalidades de cobro de los llamados “derechos de protección” de seguridad, son igualmente extendidos hasta humildes vendedores de verduras y de quienes laboran en el mercado de Rubio, vendedores de perros calientes, morcillas, quienes deben pagar cien o 200 bolívares mensualmente.
Son tan inusitadas las acciones de los extorsionistas, que éstos han llegado a cobrar en farmacias, y al no tener dinero de los dueños de los establecimientos por las bajas ventas, les exigen a éstos medicamentos que posteriormente comercializan en territorio colombiano, lo cual les brinda una mayor rentabilidad, esto es lo que se dice cuando se habla de inseguridad en el municipio Junín.
Los dueños de talleres de mecánica, autolavados, bodegas, almacenes de repuestos de bicicletas, salas de vídeo juego y hasta carpinterías, pagan pequeñas cantidades de dinero a las bandas organizadas.
“Cooperativas de seguridad”
La creatividad para camuflar sus acciones delictivas, han llevado a los grupos irregulares en Rubio a crear “cooperativas de seguridad” en algunos barrios de la localidad, en los cuales, por el servicio de vigilancia privada, se le garantiza al vecino el resguardo de sus bienes y hogar, es otra de las denuncias anónimas.
Con pagos semanales que varían de los 20 a 15 bolívares por cada casa, los supuestos serenos efectúan rondas en las barriadas y realizan patrullajes, pero tras ese trabajo, los vigilantes hacen labores de inteligencia e identifican a personas acaudaladas, quienes posteriormente son sometidas a extorsiones y cobros de vacunas por las organizaciones de bandas criminales.
Desde el mismo CPO y de acuerdo con los testimonios de algunas víctimas, extorsiona un delincuente, quien dirigiría una organización dedicada al chantaje y exigencia de dinero, a cambio de no matar a los dueños de los comercios.
No hay credibilidad en los organismos policiales
La impunidad que se cierne en torno a la extorsión en Rubio, obedece a la poca credibilidad que los afectados profesan hacia los cuerpos policiales, pues aseguran que los organismos de seguridad no han hecho nada, sabiendo que allí operan bandas hamponiles.
Cualquiera que con tiempo vaya a Junín y hable con sus pobladores, conocerá de estas historias y muchas otras.
