“Hay 26 personas que están padeciendo la indiferencia y hasta la complicidad del Estado, y el gobernador niega que estén secuestrados. Eso viene a sepultar la posibilidad de rescatarlas y de castigar a los responsables. El gobernador trata de bajar las cifras, eliminando víctimas, con base en un discurso cínico e inhumano y exponiendo a toda una colectividad a que sigan ocurriendo extorsiones, sicariatos y secuestros como ocurre desde hace 15 años de manera creciente. Lo felicitaría gobernador, porque de alguna manera, sin éxito, pero con la mayor desvergüenza, trata de ocultar la realidad que se vive en el Táchira”.
Si bien es cierto que públicamente se conoce de 26 casos de tachirenses secuestrados desde hace muchos años, se asegura que la cifra puede llegar a 30, por aquellos que -por una u otra razón- sus familiares prefieren mantener en reserva, al tener la fe de que negociando con los plagiarios, podrán lograr la liberación de sus seres queridos, lo cual generalmente no ocurre.
Cómo pasar por alto los secuestros de Carlos Eduardo Rosales, en Colón, el 6 de julio de 2002; el de Euman Moncada, en Torbes, el 8 de agosto de 2002; el de Arcángel Moreno, en La Fría, de fecha 31 de enero de 2003; o el de Nelson Esteves, el 23 de abril de 2003, en San Cristóbal. También en ese año, el de Porfirio Dávila, el 2 de junio en Rubio; Rigoberto Chaparro, en Colón, el 21 de junio; Rafael Antonio Gutiérrez, en Coloncito, el 19 de agosto; José Gregorio Pernía, en Apure, el 11 de septiembre.
También en 2003, el de Argénido Rico, el 15 de octubre, en El Milagro; Vitremundo Borrero, en San Joaquín de Navay, el 18 de octubre; Efraín Acosta Suárez, el 24 de octubre, en Abejales; Ana de Dios Pabón, su hijo José Anthony Pabón, y Germán Chacón Vivas, en Cordero, el 3 de diciembre.
Los del 2004, Ramiro Alfonso Velazco, en Rubio, el 28 de febrero y Ornella Ferranti, el 31 de agosto, en San Cristóbal; José Ildemaro Vivas, también en San Cristóbal, el 8 de septiembre de 2005; Reiner Zambrano, en la Troncal 5, el 22 de abril del 2006; Blanca Oliva Zambrano, el 7 de octubre de 2007, en Rubio; Antonio José Gálviz, en El Piñal, el 28 de marzo de 2007; María José Molina, en Cordero, el 26 de junio de 2008.
Marlos Delgadillo, en Tucapé, el 2 de junio de 2009; Milton Cantor, en San Antonio del Táchira, el 30 de abril de 2009; Marielba Camargo, en Abejales, el 17 de agosto de 2009; José del Carmen Moreno, en Copa de Oro, el 20 de enero de 2013, y más recientemente, el de Juan Santos Pimentel, el 26 de enero de 2014, que pese a ser oriundo del estado Zulia, fue plagiado en San Cristóbal.
Estos son solo los casos que en los últimos años han salido a la luz pública, pero existe una “lista negra” de otras víctimas de plagio que igualmente ha pasado desapercibida; que unida a la larga lista de personas “desaparecidas”, coloca al Táchira como uno de los estados más vulnerables para este tipo de situaciones.
Pero precisamente de esos 26 casos públicos y notorios de secuestro, sin desvirtuar el dolor y la angustia que padecen sus familias ante la ausencia de las otras 24 víctimas, el plagio de una joven adolescente de solo 15 años (ahora de 21 años de edad) María José Molina; y el del agricultor rubiense, Porfirio Parada Arellano, que de estar vivo, tendría 74 años, causaron y siguen causando un daño irreparable en su seno familiar.
Primero, por la incertidumbre de saber cómo están, pues el silencio de quienes los secuestraron ha sido realmente inhumano y segundo, el enfrentarse al poco o nulo interés de las autoridades regionales y nacionales por encontrarlos, coloca a sus seres queridos en un estado casi estático, pues, literalmente, sus vidas se detuvieron el mismo día en que se los llevaron.
“Sabemos que María José está viva pero en manos de las Farc”
Para la familia de María José Molina Contreras, el haber perdido súbitamente a unos de sus miembros más vulnerables y más amados, no ha sido nada fácil. Su tiempo también se detuvo y la cotidianidad del seno familiar se ha convertido en acciones ejercidas por inercia.
Al igual que los otros casos, el de María José se estancó. Son sus padres quienes se han dedicado a investigar, a indagar, a viajar hasta donde sea necesario, entrevistarse con quienes deban hacerlo, para saber del paradero y estado de su hija.
Y lo han logrado. Sus múltiples diligencias no han sido en vano, pero solo de cierta manera. Lo más importante para ellos es haber comprobado que ella está viva, aún en poder del Frente 33 de las Farc, pero con vida.
Hace unos años lograron además, ubicar el campamento donde estaba la joven. Averiguaron que estaba en Tres Claros, en Catatumbo, consiguieron también las coordenadas de ubicación; incluso obtuvieron una foto de su hija en ese campamento, pero de nada les sirvió información tan valiosa, porque las autoridades no les prestaron atención.
Sin embargo continúan, no desfallecen. Este jueves se cumplirán seis años desde que ella, junto a su madre Carmen Zulay, fueron secuestradas. A la mamá la rescataron posteriormente, la muchacha aparentemente fue reclutada y ahora forma parte de ese grupo subversivo, bajo el alias de “Carla”.
“Mantenemos la esperanza. Primeramente Dios y la Virgen; a diario pedimos por ella, por su salud, le pedimos que tenga mucha fortaleza. Sabemos que está viva y ya eso es para nosotros un gran aliciente. Pero queremos que se comunique. Parece que ellos la “miliciaron”, parece que la reclutaron. Tenemos la esperanza puesta en que las mesas de diálogo que se desarrollan en Cuba, no sean mentiras. Queremos saber de ella, que nos llame, que se comunique con nosotros”, refirió la incansable madre de la muchacha, que en febrero cumplió 21 años.
Reiteró la dama que siempre supieron que su hija estaba en manos de las Farc, pese a que uno de los más conocidos jefes de ese grupo irregular lo negó, alegando que no tenían nada que ver en su secuestro.
“En 2010, cuando tenían un campamento en Tres Claros, el gobierno nacional no hizo nada. Obviamente ese campamento ya fue levantado y nosotros no volvimos a tocar a las autoridades venezolanas, porque no hicieron nada. Quisimos hablar con el presidente Chávez, pero no se logró, nos cortaron las alas. Por otros medios hemos tratado de volver a dar con ella. Y repito, tenemos mucha fe en las mesas de diálogo que le iban a dar a las víctimas, queremos que incluyan al estado Táchira”.
Por su parte, Samuel, padre de María José, quiso primeramente enviarle un abrazo y la bendición. “A quienes la tienen, les pediría que nos permitan verla, un acercamiento con ella, aunque sea por teléfono. Ella ya no está secuestrada, ahora su alias es ‘Carla’. Es una esperanza saber que está viva, estamos seguros de que es ella, nos han llegado fotos vistiendo un uniforme. Y ahora estamos pidiendo al gobierno colombiano que nos den participación en las mesas de diálogo, si tanto pregonan la paz”.
En relación a que ahora María José pudiera ser parte de ese grupo guerrillero, el padre explicó que en una situación como esa, intervienen muchos factores, incluyendo el ya comprobado Síndrome de Estocolmo: “también les meten miedo, los amenazan con hacerles daño o a sus familiares, los adoctrinan. Le pido al señor gobernador que diga la verdad, que acepte que hay mucha gente secuestrada. Han tratado de tapar todo esto, porque a nivel político y sobre todo internacional, les interesa tapar todo esto. El caso de mi hija es de lesa humanidad, porque era una menor, tenía 15 años cuando la secuestraron, y el gobierno se olvidó de ella, le echó tierra al caso de María José”, argumentó Samuel Molina.
“Hemos vivido en carne propia lo más duro de un secuestro”
Porfirio Dávila ha sido una de las personas que en nombre de su padre, Porfirio Dávila Arellano, y en representación de la ONG que agrupa en el Táchira a familiares de víctimas de secuestro denominada “Por una Venezuela Libre de Secuestros”, más duramente ha criticado al gobierno por “intentar disfrazar los casos de secuestros como si fueran simples desapariciones, por ni siquiera intentar investigar y rescatar a tantos venezolanos en cautiverio”.
Su padre cumplió 11 años de estar secuestrado, el 2 de este mes. Consciente del tiempo transcurrido y de múltiples factores involucrados, confiesa creer que ya su padre está muerto, pero con contundencia afirma que lo más doloroso ha sido el hecho de que solo los primeros años hubo algún interés en rescatarlo y que luego lo olvidaran, como ha ocurrido con el resto de los plagiados.
“Nosotros hemos vivido en carne propia, y debo hablar por todas las víctimas, lo más duro del secuestro. Todo el proceso. Desde el rapto en sí, hasta la negociación porque en su mayoría todos esos secuestros fueron extorsivos, con fines netamente económicos, y después, el silencio de la comunicación, el no volver a tener ningún contacto con quienes los tienen secuestrados”.
–Pero –continúa- debo reconocer también las buenas intenciones que tuvieron algunos funcionarios que querían trabajar, pero lo hacían con carencias, sin logística, sin insumos telefónicos, sin papelería, sin contar con vehículos adecuados, sin viáticos. Hemos vivido todo eso en silencio, en un país que prefirió como gobierno apoyar a los secuestrados de Colombia, a cuyas familias ayudaron con toda una logística mil millonaria para rescatarlos a ellos; mientras que a nosotros, el exministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, nos llamaba traidores a la patria por buscar apoyo en Colombia–.
Dijo Porfirio que en ese poco tiempo que los órganos de seguridad se ocuparon de investigar el secuestro de su progenitor, pudieron comprobar que los autores eran integrantes de grupos subversivos colombianos (EPL y ELN), y que inclusive varios de estos delincuentes fueron capturados por otros delitos de secuestro, y presentados ante tribunales.
“En el caso de mi papá, identificaron plenamente al grupo guerrillero que lo tenía, pero no se hizo nada, no fueron capaces de resolver el secuestro de mi papá. A uno de ellos, que participó directamente en el secuestro, lo capturaron y lo enjuiciaron. Le dieron solo cinco años de cárcel y ahora está libre en Colombia, como si nada, aún cuando se comprobó su vinculación con el secuestro de mi papá. De paso, hace unos años nombran a un funcionario militar, con poderes nacionales, para que acelerara las investigaciones, pero que en menos de un mes de estar acá en el Táchira dijo, no sé si sacando conjeturas o intencionalmente, que aquí no habían secuestrados, solo desaparecidos. Con esas declaraciones vemos una intención del Estado de deshacerse del problema, un problema que viene desde el primer gobierno de Ronald Blanco La Cruz, pero donde era más fácil decir que habían desaparecidos antes de aceptar públicamente los secuestros que a cada rato se cometían”.
–Por eso –añadió- como familiares y sociedad civil pedimos en ese momento que nos dieran pruebas de lo que dijo ese funcionario, pero no lo hicieron. Querían y todavía quieren echarle tierra a los secuestrados del Táchira. Por eso es que el actual gobernador José Vielma Mora también dice que en Táchira hay cero secuestros. Pero si revisa bien, en los primeros 100 días de su gestión, hubo siete secuestros, entre ellos dos niños de La Fría, Sí, ha habido algunos rescates, pero él sigue diciendo que no hay secuestros en Táchira, lo que denota que el gobernador quiere desestimar la ineficiencia de las políticas de seguridad que han implementado, que no han servido para nada, y nos hiere como familia cada vez que dice que no hay tachirenses secuestrados.
“La posición de Vielma para desconocer los secuestrados, negarse a una reunión, un auxilio, a buscar soluciones a un problema que ellos han provocado por no saber enfrentar la inseguridad, nos coloca en el más terrible estatus que podemos vivir y no solo es que desconozcan tu estatus como víctima sino que a la vez, genera impunidad para que los grupos secuestradores sigan causando daño en la zona rural, en la frontera y en la misma ciudad, secuestrando y extorsionando”.
Dijo finalmente que sentía dolor no solo por su situación y la de su familia, sino “por tantas personas secuestradas, por tantas familias que han pagado rescates y no ven liberados a sus seres queridos. Siento dolor por casos como el de Ciro Sánchez que quiso saber algo de su mamá secuestrada (Blanca Oliva Delgado) y lo mataron; hasta ahora no se sabe nada ni de ella, ni de los asesinos de su hijo. Esto es una incertidumbre realmente dura. Llamo al gobernador, desde el corazón de las víctimas, para que demuestre su calidad humana. Hasta ahora deja mucho que desear, pero hay 26 personas que están padeciendo la indiferencia y hasta la complicidad del Estado que niega que estén secuestradas y que con esa negativa vienen a sepultar la posibilidad de rescatarlos y de castigar a los responsables”.
Fuente: lanacion.com.ve
